PRIVATIZACIONES “ENTEL, OSN, YPF, AEROLINEAS ARGENTINAS”

INDICE GENERAL

1. De las privatizaciones en general ………………………………………………………….. 2

2. ENTeL …………………………………………………………………………………. 5

3. AEROLINEAS ARGENTINAS …………………………………………………………. 10

4. OSN ………………………………………………………………………………… 16

5. YPF ……………………………………………………………………………….. 21

6. Conclusiones ……………………………………………………………………………….. 25

7. Bibliografía ……………………………………………………………………………….. 29

1. DE LAS PRIVATIZACIONES EN GENERAL

Aspectos Generales
El proceso de privatizaciones en la Argentina se inició a partir del año 1989, si bien siguió la tendencia mundial contiene diversas características que lo distinguen. Abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social.

Los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial) han contribuido en el proceso de privatizaciones ya que se llevaron a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los mismos.

Los argumentos utilizados a favor de las privatizaciones son:

– La necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones bajarían el déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Esto daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

– La necesidad de estabilidad. La hiperinflación fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

– El Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

– El estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios .

– La postulación de la superioridad de los mecanismos de mercado y la competencia frente a los monopolios estatales y la regulación, introduciendo los beneficios en costo y calidad atribuidos a la competencia fue otro de los argumentos fundamentales, aun cuando en la práctica la transformación dio lugar a estructuras monopólicas u oligopólicas.

– Originalmente, la idea de que el Estado realice actividades económicas estuvo sostenida por toda una serie de razones. Por un lado, era una forma de recaudar dinero por una vía distinta de los impuestos tradicionales, siempre mal vistos por la población y difíciles de implementar de un modo realmente justo. El Estado empresario se independizaba así -al menos hasta cierto punto- de la recaudación impositiva y -al menos en principio- podía introducir el criterio básico de “el que usa paga”, con lo cual se podía evitar la contribución forzosa de quienes nunca llegaban a usar determinado servicio.

Este argumento fue utilizado luego para las privatizaciones ¿por qué habría de pagar, con sus impuestos, el contribuyente de la Patagonia una autopista construida para facilitar el tránsito en la Capital Federal?

Marco legal
Dos leyes fueron las que hicieron posible el programa de privatizaciones. En agosto de 1989 se sancionaron las leyes de Reforma del Estado (23.696) y Emergencia Económica (23.697). La primera autorizaba la privatización bajo la modalidad de venta, locación o concesión de la mayoría de las empresas productoras de bienes o servicios de propiedad estatal y habilitaba el mecanismo de capitalización de deuda como forma de pago en la transferencia de las empresas estatales y la segunda otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional poderes extraordinarios en función de los cuales el mismo podía legislar (por decreto) prescindiendo del Congreso Nacional y derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. Con el poder conferido al PEN a través de estas leyes el nuevo gobierno emprendió un programa de reformas estructurales, donde la privatización de las empresas públicas desempeñaría un papel fundamental.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Por otra parte, la concentración del poder de decisión constituyó uno de los aspectos decisivos para que fueran llevadas a cabo. La posibilidad de tomar una serie de medidas por decreto permitió lanzar el proceso a gran velocidad desde el principio. La supresión o reemplazo de órganos de control garantizó el avance sin inconvenientes y el acuerdo tácito global de la Corte Suprema con esa política resolvió las trabas reales o potenciales que pudieron surgir.

Panorama político
En 1988 se interrumpieron los pagos al exterior ante la escasez de recursos fiscales, y es por ello que los acreedores externos consideraban que mediante las privatizaciones se podría reestablecer el pago de los servicios de la deuda externa mediante la instrumentación del mecanismo de capitalización de los títulos de la deuda en la transferencia de los activos estatales. Para los grupos económicos locales significaría la posibilidad de participar en los consorcios de adjudicatarios de empresas públicas, la apertura de nuevos mercados y áreas de la actividad con nulo riesgo empresario, en la medida que se trataba de la transferencia o concesión de activos a ser explotados en el marco de mercados mono u oligopólicos, con ganancias extraordinarias garantizadas, en muchos casos por vía legal.

Las principales críticas al sistema anterior a la reforma se inspiraron en un enfoque neoliberal, según el cual las fuerzas del mercado se hallaban básicamente sustituidas por un conjunto de instituciones públicas, que en su accionar ocasionaban importantes pérdidas sociales no sostenibles en el tiempo, las cuales se transformaron en el principal incentivo de la reforma del Estado y del cambio de régimen. Según está visión la causa fundamental del mal desempeño de las Empresas públicas radicaba en la ausencia de incentivos inherentes a la estructura pública de la propiedad.

Estos intereses se difundieron a través de una campaña publicitaria al servicio del establishment diciendo que todo lo que es público es malo y todo lo privado es bueno.
En 1989 asume la Presidencia Carlos Menem y recibe una economía en descomposición, una crisis hiperinflacionaria y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. En ese marco anuncia un vasto programa de reformas estructurales de la economía y del Estado.

Dichas reformas respondían a lo que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado “Consenso de Washington”. El documento contenía diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura de la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada. También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.

Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva.

Nombró ministro de Economía a Miguel Roiq primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de Emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades. El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Cartera de Economía el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan. Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas.

En 1991 fue designado ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo quien había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura. Luego el Congreso aprobó la Ley de Convertibilidad Monetaria.

El Plan de Convertibilidad se fundamentó en los siguientes ejes de política:
– Partiendo de un umbral de considerable sobrevaluación de la moneda, se estableció por ley la paridad cambiaria $ 1.- = u$s. 1.- convalidando así la virtual dolarización de la economía y resignando toda posibilidad de una política monetaria activa;
– Renegociación de la deuda con los acreedores externos, en el marco del Plan Brady, facilitada por el apoyo de los organismos multilaterales de crédito por medio de estrictos compromisos de reformas estructurales;
– Acelerada apertura comercial y total liberalización del mercado de capitales;
– Privatización de las empresas públicas, mediante la venta de activos o la concesión de servicios y retirada total del Estado de las actividades productivas;
– Desregulación y liberalización de los mercados de bienes y servicios;
– Incremento de la carga impositiva acompañada de una reducción del gasto público a fin de obtener los superávits requeridos para el pago de los servicios de la deuda externa.

De acuerdo con estas orientaciones básicas de la política económica, la acelerada privatización de las empresas públicas constituyó un elemento clave a fin de obtener los recursos financieros para consolidar la viabilidad del mencionado plan y para atenuar los conflictos entre los grupos económicos internos y los acreedores externos.

En 1995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos. Domingo Cavallo renunció a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio continuidad a su política económica.

Menem cultivó la alianza con sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. Hacia el final de la presidencia de Menem, virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado.

Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios. Esta transformo a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban. El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares.

2. ENTeL

Antecedentes de Personería
En 1881, en la Ciudad de Buenos Aires, se concede autorización para la instalación de teléfonos a las empresas Compañía GowerBell y Continental de Teléfonos Bell Perfeccionado; ésta última se fusiona con la Sociedad Nacional de Panteléfono y, en conjunto, fundaron la Unión Telefónica del Río de la Plata hasta que la presidencia de Juan Domingo Perón, creó la Empresa Mixta de Telefonía Argentina (E.M.T.A.), ente que nacionalizó los activos y pasivos de las empresas privadas.

En 1948, se llama a rescate de acciones de E.M.T.A. y el Estado Nacional pasa a ser titular del 100% de las acciones de la empresa, con lo que cambia su denominación por la de Compañía de Teléfonos del Estado.

En 1956, el Poder Ejecutivo Nacional, sanciona el decreto no.310 que creaba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL).

En 1989, Carlos Saúl Menem, intervino la empresa por el término de 180 días, y designó como interventora a la ingeniera María Julia Alzogaray. Mientras el proceso licitatorio se ponía en marcha, María Julia elevó las tarifas para mejorar el valor del pulso que iban a recibir las empresas privadas, dispusiendo un ajuste en la tarifa que superó el 430% y que fue anulado por el Ministro de Economía, Erman González y reemplazado por una indexación mensual.

Historia
Si bien las telecomunicaciones en la Argentina tuvieron su origen en inversiones de capital extranjeros, en 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón se procedió a estatizar los bienes de la unión Telefónica, que operaba en las regiones más importantes del país. En 1956, la autoproclamada Revolución Libertadora en ejercicio del poder fundó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL) sobre la base de las empresas estatizadas por su antecesor.

Los intentos privatizadores que habían tenido lugar en la década del ´60, no habían podido avanzar más allá de abrir el juego a las contratistas privadas vinculadas a los proveedores internacionales. También la dictadura militar surgida del golpe de estado de 1976 planteó la necesidad de privatizar ENTeL; sin embargo, su política no alcanzó más que a aumentar notablemente los contratos con empresas privadas. El gobierno de Raúl Alfonsín amplió la política de privatización comenzada por la dictadura; llevó adelante un ambicioso proyecto: el Plan Megatel, el cual permitió instalar un millón de líneas telefónicas, cediendo su realización a contratistas privados. Dicho plan supuso el crecimiento exponencial del costo de instalación para el usuario, quien además debía anticipar el pago.

En 1987, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos -a cargo de Rodolfo Terragno-, se impulsa un acuerdo de privatización con la empresa Telefónica de España. Estas aspiraciones no llegaron a concretarse, entre otras cosas, por la alianza entre el sindicato y los legisladores peronistas, quienes lograron bloquear la iniciativa en el Parlamento Nacional. Sin embargo, es fundamental destacar, que el proyecto privatizador no obtuvo el consenso de dos sectores sumamente importantes en el proceso posterior: los acreedores externos (las empresas públicas constituían una de las garantías de pago) y las empresas contratistas de ENTeL.

Pese a ello, este proceso instala dos conceptos claves del proyecto privatizador:
1. el Estado es ineficiente,
2. el Estado no dispone del capital para realizar las inversiones necesarias para adecuarse a la “revolución tecnológica”.

Con esa base, más los efectos devastadores de la hiperinflación, el Gobierno de Carlos Menem inició en 1989 un gobierno que exasperó el programa neoliberal. En él, las privatizaciones de empresas públicas constituyeron uno de los puntales del programa siendo ENTeL la primera de relevancia económica.1

Durante el proceso de privatización, la intervención de ENTeL incrementó la deuda de la empresa hasta niveles escandalosos sin que se correspondiese con ninguna inversión productiva. Por otra parte, las tarifas telefónicas sufrieron aumentos tales, que las ubicaron entre las más altas del mundo, mientras que la planta de trabajadores se reducía sustantivamente.

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1 En rigor, las primeras privatizaciones fueron las de canal 11 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual favoreció a que la opinión pública se volcara a favor del proceso privatizador en su conjunto.
De esta forma, el Estado se hizo cargo, económica y políticamente, de dos medidas muy costosas: el aumento de tarifas y el despido de trabajadores. Asimismo, durante la licitación, se diseñaron los pliegos de tal modo que los grupos hegemónicos en pugna tuvieron que conciliar intereses, produciéndose, al mismo tiempo, una notable subvaluación de los activos.

Privatización
En 1990 se produce una de las primeras y más importantes privatizaciones: la venta del paquete accionario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL), creada en 1957 como sucesora de Teléfonos del Estado, completándose en 1991 y 1992 la venta del 30% restante a través del mercado bursátil (luego de transferirse el 10% al programa de propiedad anticipada).

Situación inicial del servicio al momento de privatizarse
El servicio de telecomunicaciones provisto por ENTeL durante la década del ´80 fue realmente aberrante. En general, durante los años anteriores a la privatización la situación de la red pública se caracterizaba por una alta demanda insatisfecha, retraso tecnológico en centrales y degradación de los planteles telefónicos, mantenimiento ineficiente, alto nivel de reclamo de usuarios, fuerte nivel de pérdidas y desorden organizativo.

En los números se refleja esta situación:
– A principios de la década del ´80 existían 2,1 millones de líneas telefónicas funcionando, mientras que en 1989 alcanzaban a 3,1 millones.
– El cargo de conexión ascendía a más de U$ 1.500, cuando la línea estaba disponible, ya que era frecuente esperar entre 5 a 10 años para su instalación.
– Según el informe presentado por el Gerente de Transformación Empresaria de ENTeL ante la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) en abril de 1990, la empresa operó con déficit económico a partir de 1981 presentando resultados negativos anuales promedio de U$ 318 millones en el período 1981-1985. El déficit económico de 1989 alcanzó a U$ 1.642 millones según el Sistema de Información Económico Financiero desarrollado por el Directorio de Empresas Públicas.

Montos pagados por las empresas para hacerse cargo del servicio: efectivos y capitalización de deuda (títulos públicos)
Se dividió el país en dos regiones de tal manera de crear dos empresas de tamaño similar que estuvieran en condiciones de competir entre sí al concluir el período de exclusividad y para permitir una comparación de desempeño entre las dos empresas durante ese lapso, a fin de incentivar la eficiencia operativa (competencia por comparación).

 La región norte cubría una población aproximada de 12,4 millones de habitantes,
 La región sur cubría una población aproximada de 14,1 millones de habitantes,
 El resto, aproximadamente 6 millones, era cubierto por 290 cooperativas telefónicas y
operadores independientes.

La realidad demostró que la partición terminó adelantando la consolidación de dos monopolios telefónicos con mercados reservados y lejos de cualquier competencia. Recién en 1998 se cambiaron, en parte, las reglas del juego para permitir una apertura acotada del negocio a otros operadores privados.

Cuando se abrieron los sobres para la precalificación técnica, aparecieron siete consorcios de: España, Italia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Un mes antes de la presentación de las ofertas, el canciller italiano Gianni de Michelis exigió que no se cayera el programa de provisión de equipos Digi II, financiado con créditos del gobierno de Italia.
Ante la resistencia de María julia, apareció en el escenario el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Tras arduas negociaciones, el negocio de la digitalización quedó a salvo.

A la hora de entregar los sobres con las ofertas, cuatro grupos desistieron y la pelea se redujo a tres contrincantes: Telefónica, Bell Atlántic y Telecom.

El concurso de licitación preveía la presentación de dos sobres, uno con los antecedentes y requisitos técnicos y otro con la propuesta económica, que era la que decidía la adjudicación. Tras el proceso de precalificación y preadjudicación, resultaron seleccionadas las firmas COINTEL S.A. (el consorcio encabezado por Telefónica), como adjudicatario de la Sociedad Licenciataria Sur S.A. (hoy Telefónica de Argentina); y NORTEL S.A. (el consorcio encabezado por el grupo Stet y France Telecom) como adjudicatario de la Región Norte (hoy Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.)

Tras la caída de Bell Atlántica la privatización de ENTeL estuvo a un paso de fracasar y María Julia fue desplazada Erman González y Roberto Dromi, quienes mantuvieron arduas negociaciones con los operadores privados durante casi todo octubre de 1990. Los nuevos dueños querían un aumento tarifarios superior al 50% antes de asumir y una cláusula de ajuste automático por si se escapaba el dólar.

Para salvar la privatización, el gobierno armó un mecanismo mixto de indexación con los principales índices de precios y les reconoció a las empresas un aumento real del pulso de casi el 30%.

 Telecom (Región Norte) debió abonar al contado U$ 100 millones y U$ 2.308 millones de títulos públicos de la deuda pública y seis documentos a favor de ENTeL por un total de U$ 177,6 millones a pagar semestralmente con tres años de gracia.

 Telefónica (Región Sur) pagó U$ 114 millones al contado y U$ 2.720 millones en valor nominal en títulos de la deuda externa argentina y seis documentos a favor de ENTeL por un total de
U$ 202,43 millones a pagar semestralmente con tres años de gracia.

El precio de venta del 60% de ENTeL resultó entonces de U$ 214 millones al contado más U$ 5.029 millones en títulos de la deuda externa (capitalización de la deuda pública nacional).
Dado que por los títulos de deuda, a noviembre de 1990, se obtenía alrededor del 19% del valor nominal, el precio equivalente al contado pagado por los adjudicatarios de ENTeL fue de U$ 1.169 millones por el 60%, más $ 480 millones en documentos de deuda a favor de ENTeL.

En diciembre de 1991 se ofertó públicamente el 30% de las acciones remanentes de Telefónica simultáneamente en las Bolsas de Nueva York y Buenos Aires. Por ellas se obtuvieron U$ 830 millones. En marzo de 1992 se vendieron las acciones remanentes de Telecom, por las cuales se consiguió un ingreso de U$ 1.227 millones.

La venta al contado del 30% del paquete accionario, que alcanzó los U$ 2.057 millones, fue superior a los U$ 1.169 millones (más los $ 480 millones de títulos de deuda) obtenidos por la transferencia del 60% inicial. Esto fue así por el mejor posicionamiento internacional de la República Argentina debido al inicio del Plan de Convertibilidad, el mejor desempeño de las empresas privadas luego del primer año de gestión, y el compromiso del Gobierno de llevar adelante una reestructuración tarifaria.

El resultado final de la privatización fue que el Estado percibió por la venta de ENTeL la suma de U$ 2.271 millones en efectivo, U$ 5.029 millones en títulos de la deuda externa a valor nominal y pasivos por U$ 480 millones, lo cual representa para el Estado argentino un ingreso de U$ 7.780.000.000. Después de YPF, la venta de ENTeL fue la que más recursos arrimó al gobierno menemista.

Evolución de las tarifas en el período
Una vez concretada la privatización de ENTeL hubo una importante mejora en la calidad de los servicios y una significativa disminución del cargo de conexión de una línea telefónica. El costo medio telefónico descendió en términos reales aproximadamente el 30%.

En el cuadro se refleja la situación:
Noviembre 1990 Diciembre 1997
Líneas telefónicas en servicio 3.026.732 6.985.300
Teléfonos públicos 22.549 106.070
Líneas pendientes de instalación 312.336 34.674
Demora en reparación 23 días 2 días
Tiempo medio de instalación 23,5 meses 0,5 meses
Cargo de instalación U$ 1.500 U$ 200
Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones

Cabe destacar que en marzo de 1998 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó dos decretos, el 264 y el 266, que establecieron un programa escalonado de desregulación y liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Entre 1999 y el 2000 se otorgaron cuatro licencias para prestar telefonía básica: una a Telefónica para extender su área de cobertura a todo el norte del país; otra a Telecom para extender su área de cobertura a todo el sur del país; y sendas licencias a dos consorcios de empresas, formadas una por la empresa celular Movicom (Bell South) y cooperativas telefónicas por un lado; y por el otro, una licencia a otra compañía de telefonía celular CTI (Compañía de Telecomunicaciones del Interior) conjuntamente con un grupo de compañías de televisión por cable.

Por otra parte, las condiciones de calidad y penetración impuestas por la privatización determinaron la expansión en todo el territorio nacional de la red telefónica y la instalación de centrales telefónicas de última tecnología, lo que se evidencia con el 100% de digitalización que alcanzó la red. En cuanto a telefonía celular se debe destacar que en abril de 1997 el gobierno autorizó la aplicación del calling party pays (abonado que llama, paga). Este hecho permitió la consolidación del mercado de telefonía celular en la Argentina con un crecimiento significativo de la cantidad de usuarios desde 810.000 abonados en 1997 a 2.443.000 abonados en 1998.

Las leyes
Las políticas destinadas a la privatización de las empresas públicas fueron vehiculizadas a través de la Ley de Reforma del Estado (23.696/89) y la Ley de Emergencia Económica (23697/89).

La primera autoriza las privatizaciones permitiendo hacerlo a través de decretos y dando a los acreedores del Estado la posibilidad de capitalizar sus créditos. Las principales disposiciones que tendrían un efecto directo sobre el empleo fueron: el Programa de Propiedad Participada que repartía el 10% de las acciones entre los empleados, la autorización para que la intervención pueda disponer del despido o baja del personal, y por último, la facultad al ministro competente, para rescindir todos los contratos de obra y consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia e dicha ley.

Con respecto a la segunda ley, la misma tenía por objeto reducir el gasto estatal a través de los siguientes mecanismos: suspensión de los subsidios de promoción industrial, igual tratamiento al capital nacional que al extranjero, suspensión del régimen “compre nacional” y posibilidad de declarar la prescindibilidad de todos los empleados estatales designados sin concurso (la mayoría). La suerte de ENTeL estaba echada. La de sus empleados también.

Conclusión
La política de liberalización del mercado argentino de telecomunicaciones ha constituido, en muy diversos sentidos, un caso inédito a nivel internacional en tanto ha tendido a promover, a diferencia de lo que sugiere toda la literatura especializada en el tema y las experiencias reguladoras de otros países que han promovido la competencia en sus respectivos mercados, fuertes asimetrías reguladoras, tendientes a favorecer a las empresas preestablecidas en lugar de potenciar las posibilidades de nuevos competidores. En este sentido se han mantenido, e incluso acrecentado, la regresividad distributiva que subyace al nivel y estructura tarifarias heredadas del período monopólicos, las ganancias extraordinarias de las empresas y el poder de mercado de los principales actores del sector.

En el ámbito de la telefonía local, especialmente en el segmento residencia, la competencia aún no tuvo lugar y se manifiesta una suerte de distribución concentrada del mercado. Toda la normativa vinculada a la concesión de nuevas licencias y a la supuesta “transición” hacia la competencia, fueron funcionales a la consolidación de la posición dominante de los dos monopolios regionales. Esto fue posible por la cuasi-inexistencia de un ente regulador del servicio que, más allá de las diversas formas que ha adoptado, nunca fue independiente del poder político y de la captura de los dos monopolios.

3. AEROLINEAS ARGENTINAS

Introducción
Todo el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas fue poco claro y prolijo. Desde el comienzo mismo del trámite privatizador se elevaron denuncias desde la Cámara de Diputados, el periodismo y los gremios afectados. Se llegó a la justicia y ésta tuvo su última palabra a través de la Corte Suprema de Justicia, que por medio del per saltum, un instituto inexistente en nuestro sistema procesal y en tiempo récord habilitó definitivamente el curso de la privatización.
Fue necesario poner en el escenario político la reprivatización, disimulando con retórica la venta de una de las empresas aerocomerciales superavitarias del mundo, sino que también fue imprescindible firmar decretos que modificaban leyes, que creaban un nuevo tipo societario, como el de sociedad anónima con participación minoritaria del Estado, prohibido por las leyes de aplicación; que subestimaban la importancia del precio real de la empresa; que no contemplaban el valor de las rutas aéreas, las que se entregarían sin cargo; que prorrogaban los plazos para acomodarlos a las exigencias de los futuros oferentes.

Antecedentes
Durante el gobierno de Alfonsín ya se había tratado de privatizar Aerolíneas, pero con un sistema diferente. El proyecto del Ministro Rodolfo Terragno consistía, en asociarla con SAS (Scandinavian Air System) en una contratación en la que el Estado Nacional absorbería el pasivo de la empresa, que para entonces era de 700 millones de dólares. SAS aportaría efectivamente 60 millones y obtendría gerenciamiento compartido entre argentinos y escandinavos. El argumento más fuerte para Terragno era que el socio no se licitaba, sino que lo elegía. Teniendo en cuenta que para disponer de los bienes del Estado es necesario el llamado a licitación, el hecho de que no acudiera a ella fue uno de los motivos por los que fracaso este proyecto.
Motivos
1) Aerolíneas tenía un patrimonio neto negativo de 277 millones de dólares y un endeudamiento total de 1084 millones de dólares.
2) Daba utilidad sólo en actividades complementarias.
3) Tenía una estructura no apta para competir con empresas internacionales
4) La cultura de empresa pública de Aerolíneas se tornaba difícil su adaptación al mercado altamente competitivo.
5) La empresa carecía de planes estratégicos de mediano y largo plazo.
6) El Estado no podía hacerse cargo de las inversiones que la compañía necesitaba para enfrentar las nuevas reglas de juego de la actividad aeronáutica mundial.
7) La necesidad de desmonopolización del sector, de aumentar su eficiencia. Y de reducir la deuda externa y el gasto público.
8) La posibilidad de incorporar a grupos económicos nacionales en la esfera de los servicios públicos.

Fundamentos
1) Era necesario capitalizar la empresa, dotándola de aportes destinados a modernizar la flota. La mayor parte de los equipos había sido incorporada durante los años setenta y los primeros de los ochenta, pero hacia 1989 ya empezaban a tener bastantes ciclos de vuelo. Por ende, de allí en adelante las inversiones para su mantenimiento serían cada vez mayores.
2) Convenía asegurar un nivel gerencial que estuviera alejado de las prácticas viciosas de las empresas públicas. La presencia de capitales privados debía sustraer a la empresa de los vaivenes que tantas veces la habían afectado.
3) Para 1992 se desregularía el transporte aéreo en todo el mundo.

Normativa
Uno de los objetivos era asegurar la transparencia en los procedimientos, y para ello la privatización deberá realizarse a través de una licitación pública internacional. Sostenía que será requisito que la mayoría del capital social que asegure el control y dirección de la empresa quede en manos del Estado y personas argentinas. También afirmaba deberá ratificarse la política nacional sobre transporte aéreo comercial, excluyendo las normas que impiden una efectiva desmonopolización.

Aerolíneas fue declarada en estado de emergencia por el art. 1 de la ley 23696 de emergencia administrativa y reestructuración del Estado. El proceso de privatización se inició mediante el decreto 1591/89 donde se dispone la privatización parcial, con participación estatal no mayoritaria, de Aerolíneas Argentina sociedad del Estado, disponiéndose la selección de los adquirentes de la participación privada en el capital social de la futura sociedad anónima Aerolíneas Argentinas mediante el proceso de licitación pública internacional con base.

Por decreto 461/90 se llama a licitación y se aprueba el pliego de bases y condiciones facultándose la capitalización de deuda pública externa para el pago de parte del precio, la base por el 85 % de las acciones de la nueva empresa se fijó en 529.550.000 y la parte a cancelar en dólares no podría ser inferior a 236.000.000 y el Estado Nacional asumirá la totalidad de la deuda externa de la empresa para la cual deberá tramitar la autorización de los acreedores.

El decreto 1024/90 por el cual se modifica parcialmente el decreto 1591/89, que dispuso la privatización parcial de Aerolíneas Argentina Sociedad del estado, modifica el art. 3 que disponía transformar a la misma en SA y el pliego de condiciones aprobado por decreto 461/90, fijándose en consecuencia que el objeto de la licitación constituiría en la privatización parcial de Aerolíneas Argentina Sociedad del Estado, mediante la transferencia de Aerolíneas Argentina SA de los bienes, derechos y obligaciones.
Llamado a licitación
Una de las características del proceso licitatorio fue su plasticidad a favor o en contra de los candidatos. Los eferentes debían organizarse en grupos ad hoc, integrados por operadoras aéreas extranjeras, bancos tenedores de títulos de la deuda externa y capitales nacionales.

En los meses anteriores a que se abrieran las ofertas tres compañías se habían demostrado interés en la compra de Aerolíneas: Varig, Alitalia y American Airlines. Una tras una fue declinando su interés y quedo una cuarta que no había figurado en los papeles iniciales.

Alitalia se había asociado con el Citibank en un consorcio donde los italianos pagaban el efectivo y los banqueros los títulos de la deuda. El City exigió que las utilidades que produjese Aerolíneas hasta el año 2005 fueran destinadas a atender los servicios de los títulos aportados por el Banco. Alitalia no aceptó esta propuesta y el grupo se disolvió.

Varig se había vinculado con u grupo argentino bajo la coordinación del doctor Julio Pellegrini (anterior presidente de Aerolíneas). En el consorcio estaba además en Banco Chase, que se encargaba de proveer los títulos de deuda externa. El Chase, hizo causa común con el City y transmitió similar planteo. Los brasileños se quedaron sin posibilidad alguna de conseguir los títulos de la deuda y no pudieron presentarse.

American Airlines había comprado los pliegos, revisado la situación financiera de la empresa, pedido y conseguido una prórroga de treinta días para presentarse, pero a último momento desistió. Hay dos versiones al respecto: Según Dromi, American nunca estuvo interesada y lo que hizo fue amenazar con la compra de Aerolíneas para terminar comprando en 3000 millones de dólares las rutas de Eastern en Sudamérica. Según la otra versión, Dormí le concedió a American el plazo de 30 días, pero se negó a otro de treinta días más e impidió de esa manera que la compañías norteamericana avanzara en su interés.

El 6 de julio se abrió la oferta del único interesado: el consorcio Iberia – Austral. Ofrecía pagar, por el 85% de Aerolíneas Argentinas, más la participación en Buenos Aires Catering y Optar, las siguientes sumas: a) 130 millones de dólares al contado dentro de los 20 días de aprobada la operación; b) 130 millones de dólares a plazos en diez cuotas semestrales, la primera de las cuales vencería recién a los cinco años del contrato de compra venta; c) títulos de la deuda externa por valor nominal de 1.610 millones de dólares más los intereses caídos.

La empresa fue tasada en 625 millones de dólares, pero el valor de la licitación debería ser mucho más alto. Solamente la flota de aviones de Aerolíneas vale más de 500 millones. Los pliegos determinaron un monto de 623 millones de dólares. Como se vendía el ochenta por ciento de la empresa, la base fue fijada en 529.550.000 dólares. La oferta de Iberia – Austral sumaba 130 millones al contado, 130 millones en diez semestres con primer vencimiento a los 5 años y 1.610 millones en títulos de la deuda externa, que en ese momento se cotizaban en el mercado secundario de Nueva Cork al quince por ciento de su valor nominal, lo cual equivale a 240 millones de dólares. El desembolso comprometido por Iberia – Austral en efectivo y plazo totalizaba 500 millones de dólares. Esta suma es menor que la base.

La comisión bicameral había establecido en el pliego que el oferente se comprometía a efectuar un programa de reequipamiento de la flota. Además que el plan de inversiones fuera garantizado en su cumplimiento por un banco internacional calificado como de primera línea. La garantía del plan de inversiones exigida por los pliegos solamente alcanzaba al diez por ciento del monto comprometido.
La propuesta de Iberia – Austral se comprometía a incorporar quince aviones nuevos. Estos compromisos no se cumplieron en los términos pactados, por lo que un objetivo primordial de la privatización de Aerolíneas, la modernización de la flota, no se estaba cumpliendo.

La falta de participación de los trabajadores o de sus representantes sindicales en la confección de las normas de la enajenación determinó que se eliminara en los pliegos hasta la mención que hubo en los borradores acerca del mantenimiento del personal comprendido en las convenciones colectivas de trabajo. El Ministerio de Trabajo suspendió cláusulas de los convenios colectivos de la Asociación de Aeronavegantes, del de los Técnicos de vuelo, de la Asociación del Personal Aeronáutico, del de la unión de Personal Superior.

El laudo se basó en el decreto 1757/90, de racionalización del gasto público, que ordenó renegociar los convenios en empresas y sociedades del Estado para reducir sus costos y mejorar la eficiencia. Firmado seis días antes de la transferencia de Aerolíneas Argentinas a sus adjudicatarios, contradecía la propia ley de desguace del Estado, cuyo art. 42 garantizaba a los trabajadores de empresas a privatizar el amparo de todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo, y al decreto marco 1591 para la denominada privatización, cuyo considerando octavo sostenía que no debía afectarse los convenios colectivos de trabajadores vigentes de Aerolíneas Argentinas.

Transferencia
El 21 de Noviembre se firmó el contrato de transferencia. Estos contratos tienen gran significación; después de adjudicada una licitación, debe discutirse cláusula por cláusula el contenido de los servicios. Dicha fecha el consorcio que lideraban Iberia y Cielos del Sur se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas. Previamente, el fracaso de los accionistas argentinos en conseguir las garantías por el saldo del precio y el aval por el programa de inversiones, que la empresa española se aviniera a tomar a su cargo esa responsabilidad, a cambio consiguió desplazar a sus socios locales del manejo de la nueva empresa.

Iberia tendría el 30% y un banco que le correspondería un 19%. Los socios argentinos 34% y, dado que el 49% controlado directamente e indirectamente por Iberia no constituía la mayoría formal, los españoles ofrecieron el 2% faltante a un médico argentino que actuaría como testaferro. Con lo que pasaron a controlar el 51% de las acciones. Los compradores tenían que obligación de pagar 130 millones de dólares dentro de los 20 días de la adjudicación. En lugar de cumplir el compromiso asumido, presentaron una nota solicitando sustituir el pago por una carta de crédito que abriría el Banco Hispano Americano. La carta de crédito se otorgaría a favor del Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York.

Los 130 millones de dólares que debían pagarse veinte días después de adjudicarse la licitación seguían sin aparecer a dos meses o más de la fecha del decreto. Esa suma ingresó efectivamente al tesoro en enero de 1991, a los dos meses de firmada la escritura de transferencia de Aerolíneas, cuando los compradores pudieron completar la operación de comprar sin pagar. No estaba la garantía del saldo de precio, esos 130 millones que los adjudicatarios debían pagar en diez cuotas semestrales. Los compradores tampoco tenían los títulos de la deuda externa que debían entregar como parte del precio al contado, ni tenían las garantías del cumplimiento del plan de inversiones.

En definitiva: no estaba el efectivo; no estaban los títulos de la deuda externa; no estaban las garantías del saldo de precio ni del plan de inversiones y no estaban los waivers de los bancos acreedores. La capacidad de los compradores de suscitar confianza internacional dejaba bastante que desear.

La entrega de la empresa se hizo sin firmar inventario, la venta se había hecho con un detalle de bienes desactualizado, las diferencias de inventario serían de 40 millones de dólares.
Se había fijado un plazo de tres meses para cumplir las obligaciones a cargo de los compradores. Por ende, el 21 de febrero debía estar todo concluido. Pero no fue así, el 13 de marzo los compradores no habían cumplido y enviaron una nota al Ministerio de Economía proponiendo una serie de renegociaciones.

El pago de 130 millones de dólares se quiere efectuar con la entrega de Bónex serie 1989, que se ofrecían comprar al 55 por ciento de su valor nominal y revendérselos al Estado al 100 por ciento de su paridad. Toda la propuesta consiste en convertir las obligaciones de pagar dólares y entregar títulos de la deuda externa, en compensación de presuntos créditos por diferentas de inventario o de gestión durante los cuatro meses desde que el grupo comprador se hizo cargo de la empresa

Los compradores debían entregar los títulos públicos por el monto citado de 1.610 millones de dólares con los cupones de intereses y que llegaban aproximadamente a otros 400 millones. Iberia insistía en las dificultades para conseguir la fianza bancaria por la deuda a largo plazo y entonces proponía anticipar el pago en Bónex serie 1989.

Iberia se liberaría de su obligación de pagar 130 millones a plazo, con la consiguiente obligación de traer una garantía bancaria, entregando Bónex serie 1989 por el valor de 134.352.076 dólares. El 12 de abril se firmó el convenio aceptando el pago anticipado de los 130 millones de dólares a cambio de la entrega de Bónex 89 por valor nominal. Los Bónex en la bolsa de comercio se cotizaban al 55 por ciento de su paridad, porque la desconfianza general era tan grande que alcanzaba aun a los títulos que siempre habían sido pagados. Con 73 millones de dólares los compradores se sacaron de encima un deuda de 130 millones, amén de la gravosa carga de conseguir las garantías bancarias.

Situación económico financiero del grupo adquirente
La empresa fue adjudicada a un conjunto de insolventes. Iberia que sólo entraba en el negocio con un 20 por ciento del capital, era la única que tenía un patrimonio neto acorde con la magnitud del emprendimiento que intentaba asumir. El Poder Ejecutivo no ignoraba que la oferta no cumplía en cuanto a los patrimonios exigidos a los socios con las estipulaciones del pliego. Por eso, en el expediente entregado a la Comisión Bicameral las fotocopias con los datos patrimoniales se hicieron sobre hojas dobladas, en las que sólo se leían los ceros finales de cada cifra.

OFERENTE PORCENTAJE CAPITAL A APORTAR EN U$S CAPITAL DECLARADO EN U$S
Iberia 20% 112,000,000 1,045,000,000
Aldrey Iglesias 9,50% 52,000,000 5,000,000
Bonansea 7% 39,200,000 310,845
Pott 9,50% 52,200,000 11,000,000
Zanón 17,50% 98,000,000 50,700,000
Devi 9,50% 52,200,000 3,300,000
Cielos del Sur 12% 67,200,000 66,700,000

Iberia y asociados utilizaron las fórmulas del sale and lease back, venta y posterior arrendamiento de lo que se vendió, es decir vender parte de la flota para conseguir efectivo y títulos de la deuda, y luego reintegrar los aviones a la compañía por medio de leasing (arrendándolas) o el leveraged buy out, compra apalancada, donde un grupo obtiene el manejo de la compañía con financiación ajena para lograr después el efecto palanca, por el cual los demás hacen la fuerza e Iberia sube.
Saltaba a la vista que Iberia y sus socios estaban dispuestos a hacer el clásico negocio de comprar sin dinero. En estas condiciones el Poder Ejecutivo seguía adelante.

La idea de vender aviones para hacerse del dinero necesario para la parte de contado del precio de Aerolíneas Argentina fue sugerida al grupo inversor por el Chase Manhatan Bank. Su memorándum también recomendaba realquilar las mismas máquinas en una sola operación. Este plan fue puesto en ejecución mediante una argucia posibilidad por la debilidad del gobierno ante sus acreedores externos. Junto con estas maniobras económicas, en las cuales no desembolsaba dinero para pagar la deuda, Iberia y asociados constituyó hipotecas sobre las aeronaves, las cuales no tenían sustento legal. El grupo hipotecó aviones de la empresa para contra garantizar a varios bancos el aval que le dieron a Iberia por el cumplimiento del plan de inversiones.

En consecuencia, si Iberia no cumplía con el plan de inversiones, que consistía en traer aviones nuevos el Estado podría ejecutar los avales de los bancos. Pero a su vez, los bancos podrían ejecutar las hipotecas que contra garantizaban los avales. El mecanismo era: si Iberia no tenía aviones nuevos, el Estado podía ejecutar a los avalistas, entonces los avalistas ejecutaban las hipotecas, entonces, por no traer Iberia aviones nuevos, a Aerolíneas le rematarían los viejos. Todos los mecanismos utilizados por el grupo adquirente para saldar la deuda fueron en contra de una o varias leyes y lo peor es que el Estado Nacional permitió que realizara sin ningún tipo de objeción.

Consecuencias
Ninguno de los objetivos de la privatización se cumplía. Nuestra línea de bandera no se asociaba con otras preparándose para la competencia con los megacarriers en 1992, sino que la transformaba en apéndice de los intereses aerocomerciales de la línea de bandera española. No podía esperarse la capitalización futura de la empresa, cuando los compradores ni siquiera aportaban con dinero propio el pago del precio de la compañía. Tampoco cabía aguardar una buena gestión comercial de una línea como Iberia, de relativo prestigio en Europa. Al menos, entre el público era más prestigiosa Aerolíneas.

Una de las mayores consecuencias fue la violación de los convenios colectivos de trabajo de los diferentes grupos de trabajadores, y con dicha violación realizaron un vaciamiento en cuanto a empleados. Despidiendo a más de la mitad de la planta de empleados y violando así una norma más dentro de todas las que violaron.

El 21 de julio de 1992 el ministro Cavallo firmó un convenio con Iberia por el que se reconoce a esta compañía una serie de retensiones y se incrementa la participación accionaría del Estado en aerolíneas: del quince por ciento al cuarenta y tres por ciento.

En mayo de 1992, se había conocido el balance de la empresa, cerrado al 30 de junio del año anterior. En siete meses, desde la privatización, (la compañía había sido entregada sin deudas, ya que todo el pasivo anterior fue absorbido por el Estado) se había acumulado un endeudamiento de 800 millones de dólares. En realidad, según el balance, el pasivo era superior. Llegaba a 970 millones. Al leer el balance se advertía que técnicamente Aerolíneas Argentinas SA había entrado en estado de liquidación por pérdida de capital: el pasivo superaba largamente al activo.

La empresa llegó a 2001 sin activos físicos importantes, desprestigiada y conservando como principales bienes las rutas que retiene el estado argentino por acuerdos bilaterales y su calificado personal.

La deuda original de adquisición siguió creciendo al compás de un pésimo gerenciamiento, animado por el objetivo de subordinar Aerolíneas a Iberia y agravado durante la breve gestión de American Airlines, que durante 1999 aprovechó para hacer su negocio sumándole deudas a la aerolínea de bandera argentina. La recesión y crisis de la economía nacional, el importante aumento de combustibles y la creciente competencia en los vuelos de cabotaje e internacionales, completaron el cuadro desolador. La deuda llegó a mediados de 2001 a más de 900 millones de dólares.

Conclusión
La paradoja mayor es que el dilema de la insolvencia estatal para sostenes Aerolíneas fue el que determinó la decisión de privatizarla. También en aquellos tiempos el país estaba en situación de crisis y la venta se presentó como la solución excluyente. Años después estamos tan mal o peor que en aquél momento, pero sin los recursos de los que antes disponíamos.

El de Aerolíneas Argentina no es un mero problema económico a mirar según las cuentas del debe y haber circunstancial y a resolver en consecuencia. Es uno de los testimonios más gráficos de la manera que tuvo y tiene la Argentina de resolver sus problemas bajo el paradigma del neoliberalismo.

Iberia y sus socios obtuvieron la empresa por mucho menos de su valor real y como si eso fuera poco, saldaron el importe vendiendo los bienes de la compañía y adquiriendo deuda. En definitiva, nos pagaron con deuda.

4. OSN

Historia
En 1892, durante la presidencia de Carlos Pellegrini, el Estado Nacional había asumido las tareas de saneamiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires, al rescindirse el contrato por incumplimiento a la Buenos Aires Water Supply and Drainage Company Limited y crearse en su lugar la antecesora directa de OSN, la Comisión de Obras de Salubridad. Obras Sanitarias de la Nación fue creada, el 18 de julio de 1912 por ley 8.889 en el marco del primer Plan Nacional de Saneamiento, de 1909. Según su ley constitutiva, la finalidad de Obras Sanitarias de la Nación era el estudio, construcción y administración de obras que permitieran la provisión de agua corriente “en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación”.

Era presidente Roque Sáenz Peña y la Argentina seguía creciendo, el censo nacional de 1914 arrojó la cifra de 7.903.662 habitantes.
Obras Sanitarias de la Nación, empezó a desarrollar sus tareas, manteniendo y expandiendo la red de agua corriente y desagües de la Ciudad de Buenos Aires y asesorando a ciudades del interior del país para el desarrollo de las propias. En 1910, 14 capitales de provincia tenían una red de agua corriente y 4 de ellas contaban con un sistema de cloacas.

Para 1923, O.S.N. atendía a unos 6 millones de usuarios. En este contexto de creciente actividad, en 1939, durante la presidencia de Ortíz, se creó el Area Sanitaria Metropolitana, que aglomeraba a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en una única unidad administrativa. En 1940, durante la presidencia de Castillo, se empezaron a prestar servicios en 13 partidos de la Provincia de Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre, marcando por un lado la máxima expansión de la red en el área metropolitana y por otro, la época de mayor actividad de Obras Sanitarias de la Nación, que era considerada un ejemplo en la región.

En 1943 fue renombrada a Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Al año siguiente el Poder Ejecutivo institucionalizó el Area Sanitaria Metropolitana, que existió en tal carácter hasta la disolución de O.S.N., la cual tendría lugar casi cinco décadas más tarde. De todos modos, se desaceleró el crecimiento de la empresa, que empezó a estancarse y sufrir los vaivenes de la economía argentina, afectada constantemente por problemas inflacionarios y políticos, mientras tanto, las poblaciones bonaerenses crecían vertiginosamente. La gente se trasladó cerca de Buenos Aires alentada por políticas de concentración industrial, con la ilusión de trabajar en las fábricas y tener una vivienda propia. El censo nacional de 1947 arrojó una población de 3.082.580 habitantes para la ciudad de Buenos Aires y 15.893.811 habitantes en todo el país. La población de la Argentina se había duplicado en relación al año 1914, era urgente continuar con las obras de infraestructura.

Crecimiento y auge
En 1949 la ley 13.577 redefinió los objetivos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, descriptos ahora como “el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de obras de provisión de agua, saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República y la exploración, alumbramiento y utilización de aguas subterráneas”. Para ese entonces O.S.N. abarcaba aproximadamente el 85% del sector, desarrollando actividades en todo el territorio argentino.

Decadencia y provincialización
Durante las dos décadas siguientes, se siguieron desacelerando los índices de expansión y comenzó un paulatino deterioro de la calidad del servicio. Se dejó de lado el mantenimiento preventivo, reparándose para ahorrar costos, sólo el equipamiento que sufría averías. Por otro lado, cayó la inversión y la compra de equipamiento nuevo fue prácticamente nula. O.S.N. intentó mejorar su situación económica implantando un sistema comunitario por el que la propia población se hacía cargo de una buena parte del costo de expansión de la red. Por otro lado, en 1959 existió la iniciativa de pasar a las provincias las responsabilidades de Obras Sanitarias, lo que finalmente no prosperó.

La ley 20.324 del 27 de abril de 1973 cambió el tipo societario de la entonces Administración de Obras Sanitarias de la Nación, que pasó ahora a llamarse oficialmente Empresa Obras Sanitarias de la Nación. La situación no sufrió grandes cambios hasta que en 1980 fueron finalmente provincializados los servicios de agua corriente y desagües, a excepción del Area Sanitaria Metropolitana, que teóricamente debía pasar a manos de un ente tripartito, pero la falta de acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional llevó a que su operación siguiera a cargo de Obras Sanitarias. En 1982 se creó el Consejo Federal de Entidades de Saneamiento, que reunía a O.S.N. y todas las nuevas empresas provinciales con el fin de organizar un sistema de información, estandarización y desarrollo de tecnología. Por otra parte, la inversión en O.S.N. continuó siendo cada vez menor, mientras que el ritmo de incorporación de nuevos usuarios no se detuvo. Esto llevó a un virtual colapso del sistema sanitario, llegando a lo largo de los años ´80 a tener que verter efluentes sin tratar, por saturación de la capacidad de procesamiento instalada. Cada vez hay gente que necesita agua y cloacas pero cada vez se destina menos recursos para invertir en agua y cloacas.

El Censo Nacional de 1991 arroja una cifra de 32.615.528 habitantes, en 34 años se había duplicado, no sucedió lo mismo con la infraestructura sanitaria, que fue inversamente proporcional al aumento poblacional, en los 13 partidos bonaerenses, el 50% de los habitantes no tiene agua corriente y el 66% no tiene cloacas, sus dirigentes habían dejado sus huellas, barrios enteros podrían contarnos hoy cómo los distintos gobiernos cuidaban o no la salud de la gente, presidentes, gobernadores e intendentes se sucedieron y cada uno dejó su huella en el estilo de las ciudades, sus casas y hasta sus baños y habitaciones …
Privatización
Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se optó por la solución propugnada por el neoliberalismo y organismos internacionales como el FMI: privatizar totalmente Obras Sanitarias de la Nación y dejar en manos de una empresa privada todos los servicios prestados por ésta. Es así que en 1991 se creó una Comisión Técnica de Privatización de Obras Sanitarias de la Nación con el objeto de evaluar la situación y preparar la privatización de los servicios de provisión de agua potable y desagües. El Interventor en Obras Sanitarias de la Nación era el ingeniero Eduardo Cevallo, y el Secretario de Obras Públicas, Saúl Bouer.

El 27 de febrero de 1992 el Poder Ejecutivo había dictado el decreto 358, que había aparecido publicado en el Boletín Oficial el 3 de marzo. Su texto era muy sugestivo:
“Dispónese la transferencia a la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, de los servicios de distribución y comercialización de desagües cloacales e industriales y la consecuente operatividad de las plantas de producción y tratamiento a crearse en el radio no servido por O.S.N. en el partido asiento del mencionado municipio”

La cuestión no era inocente y durante muchos meses Morón y el intendente Rousselot, menemista de la primera hora, suscriptor de contratos directos con el grupo Macri, estuvo en la primera plana del periodismo a causa de los conflictos que sostuvo con los concejales de la oposición. Nunca hubo una respuesta oficial convincente que demostrara porqué se privatizaba el servicio en la Capital Federal y los 13 partidos, excluyendo a Morón. “Me quedé -dijo el diputado Alberto Natale- con la obvia sensación de que el motivo no era otro que el de dejar las manos libres al intendente de Morón para que hiciese lo que quisiera con las cloacas de su partido. De esa manera Rousselot se podría salir con la suya, pese a los dolores de cabeza que seguramente le había producido la conflictiva situación. El amiguismo político aparecía como factor motivante de decisiones de interés general”.1

En marzo de 1992, la Comisión Bicameral, redactó un dictamen sobre Obras Sanitarias, se recomendó:
1) Se definiera el carácter del servicio público.
2) Se fijaran como objetivos primarios el mantenimiento y la expansión de los servicios, con el objetivo de posibilitar la provisión total de agua potable.
3) Se previeran los mecanismos de liberación de la exclusividad del servicio en caso de incumplimiento por el concesionario de las metas que se fijasen en los pliegos, para asegurar así que terceros pudieran tomar a su cargo tales obras.
4) Se siguieran ciertos criterios que sugerían sobre las facultades que deberían ser asignadas al ente regulador que tendría a su cargo el control de concesiones.
5) Se determinará un plazo de gracia no inferior a tres períodos antes que el concesionario tuviera la facultad de cortar el servicio por falta de pago en el caso de los inmuebles de la vivienda.
6) Se incorporara en el contrato de concesión un reglamento de usuarios que explicitara en forma ordenada los derechos de los mismos.

El 18 de junio de 1992, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (999) por el que aprobó el marco regulatorio del servicio que se concedería y se ratificó el convenio que el 10 de febrero habían suscripto la Secretaría de Obras Públicas, la empresa Obras Sanitarias de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto 999 incorporó las distintas recomendaciones que la Comisión Bicameral había formulado en marzo.

________________________
1 Privatizaciones en Privado. Natale, Alberto. Bs. As. Editorial Planeta 1993 Pág.223
El 4 de julio volvieron a la Comisión Bicameral, Cevallo y Bouer. La Comisión analizó el pliego con el que se licitaría Obras Sanitarias.

“Durante varias horas discutimos distintos aspectos del material que habíamos recibido. Los diputados radicales insistieron en objetar que la privatización de Obras Sanitarias no se conciliaba con la legislación vigente, ya que lo autorizado por la ley era la comercialización y distribución de agua, no su producción.

Después de pasar revista minuciosa a todo el pliego, los funcionarios se retiraron con la convicción de que no había objeciones sustanciales por parte de la mayoría de los miembros de la Comisión Bicameral para llevar adelante la licitación”, escribe en su libro Privatización en Privado, Alberto Natale, miembro de la Bicameral.

Se presentaron cuatro consorcios, cada uno con su respectivo operador técnico a saber, con el marco regulatorio y los pliegos aprobados:

1. A North West Water, que venía asociado con Loma Negra (Amalia Lacroze de Fortabat), Acindar y J.P. Morgan. Inglés.
2. Canal Isabel II.Español.
3. Lyonnaise des Eaux-Dumez. Francés.
4. The Thames Water (Macri y Kokurek). Inglés.

El esquema de licitación fue de este modo: primeramente se debían efectuar las ofertas técnicas desarrolladas en las siguientes etapas:

1. Acreditación de los consorcios de su capacidad técnica y solvencia patrimonial.
En esta etapa, los cuatro grupos fueron calificados.

2. Comprobación de si la solución técnica que proponía desarrollar cada consorcio era compatible con las metas fijadas en los pliegos.
En esta etapa, dos de los interesados tuvieron dificultades: A North West Water, que se le objetó la forma de presentar las garantías requeridas por los pliegos y Canal Isabel II.

A North West Water pudieron acomodar sus papeles y quedó en la grilla final, Canal Isabel II, quedó impugnado.

3. La disputa final se resolvía adjudicando a quien ofertase cobrar a los usuarios la menor tarifa partiendo de las vigentes en el momento de la licitación. El cuadro tarifario que resumía la propuesta económica se conocía como “factor k”.

El 9 de diciembre se abrieron los sobres con la oferta económica de los tres postulantes que habían quedado calificados. La disputa se concentró en quién ofertase la mejor tarifa -no se vendían activos, y por lo tanto no había ingresos fiscales- además el adjudicatario no debía hacer erogaciones iniciales, sí podía aumentar la recaudación en un 40% con sólo la cobranza de los que no pagaban y tendría que cumplir con un plan de inversiones cuyo propósito, además de la calidad del agua y el tratamiento de los líquidos cloacales, debía llevar el servicio a todos los que hoy no tienen en el lapso de 10 años.

Sobre una tarifa presente de 1, las ofertas fueron las siguientes:

1. Lyonnaise des Eaux 0,731
2. Thames Water 0,739
3. North West 0,895

¿Quién integraba el grupo Lyonnaise des Eaux?
• Lyonnaise des Eaux con el 18%: provee agua a 30 millones de personas en el mundo: parte de París y otras ciudades de Francia, España, Macao y Malasia, además de ciudades de Inglaterra, Italia y Estados Unidos.
• Compagnie Generale des Eaux con el 9% Grupo francés que presta servicios en Francia, Inglaterra, Alemania, España, Italia, países del Este europeo, América del Norte, Asia, África y Australia. Junto a Lyonnaise des Eaux provee agua a París.
• Sociedad General de Aguas de Barcelona con el 23% presta el servicio en la ciudad de Barcelona.
• Anglian Water con el 5%. Empresa importante de Gran Bretaña.
• Banco de Galicia y Buenos Aires con el 9%.
• Grupo Meller con el 12%. Conjunto originariamente textil desde 1923.
• Sociedad Comercial del Plata con el 23% Grupo Soldati, constituido en Argentina desde 1927.

Se suponía que quienes dan agua a París y Barcelona y otras ciudades del primer mundo deberían reducir las tarifas actuales en un 26,9%.

Se suponía que en el lapso de diez años deberían cumplir metas que exigen tratamiento de los líquidos cloacales y provisión de agua con características físicas, químicas y bacteriológicas específicamente determinadas.

Se suponía que Aguas Argentinas alcanzaría en 1993, 1998 y 2003, determinadas condiciones de olor, sabor, color, turbiedad y que lleguen a contener 23 sustancias químicas orgánicas, bacterias aeróbicas y bacterias coliformes precisamente establecidas.

Se suponía que en diez años deberían extender los servicios a toda la población.
Se suponía . . .

En 1997, la editorial del diario Página 12 publica: “Concesionar un servicio público por un período largo supone, al mismo tiempo, que el Estado asuma la responsabilidad de velar por el interés general ante los cambios y complicaciones que, derivados de la ejecución del contrato, puedan afectar a los ciudadanos usuarios. La renegociación de los términos pactados, como actualmente se está haciendo con la empresa Aguas Argentinas, exige de las autoridades el máximo celo para hacer prevalecer la equidad en la distribución de costos y beneficios de corto y de largo plazo. Desde comienzos de año, las secretarías de Obras Públicas y de Recursos Naturales negocian con la empresa Aguas Argentinas la reestructuración del contrato de concesión con el propósito de modificar los mecanismos de cobranza del cargo por conexión y adaptar los planes directores de agua y cloacas a los objetivos del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca del Matanza-Riachuelo.

Como resultado de las conversaciones se llegó a un preacuerdo que no convenció a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado. Este consiste en la aplicación de un incremento generalizado de 4 pesos por bimestre a todos los clientes, a cambio de la eliminación del fuertemente resistido cargo de infraestructura -de 600 pesos- a pagar por los nuevos usuarios.
La Bicameral decidió postergar el tema hasta después de las elecciones de octubre, porque entiende que no resulta equitativo para los usuarios de menores ingresos aplicar un cargo fijo. Tampoco le convence el virtual perdón que conlleva el acuerdo para las inversiones no cumplidas en los primeros años de la concesión. Aquí aparece otro punto interesante. Según las estimaciones del ente regulador del sector (ETOSS), los incumplimientos en el plan de inversiones ya superarían los 200 millones de pesos. Pero si se incluye en el cálculo una planta potabilizadora comprometida en la oferta que resultó ganadora de la licitación y que hasta ahora no fue realizada, cuando el próximo abril se cumplan los 5 años de la concesión esa suma llegará a los 445 millones de pesos.

Es de destacar que una primera revisión del contrato se realizó en 1994, aprobándose entonces un aumento tarifario general y del cargo de infraestructura, a cambio de la realización de diversas obras de ampliación que implicaban un adelanto de inversiones. Más allá de lo conveniente que pudiera resultar la adaptación de los términos contractuales es necesario que cualquier modificación que se haga no implique beneficios no pactados para la empresa prestadora ni perjudique a los usuarios”.

Desde que asumiera la presidencia el Dr.Néstor Kirchner, la empresa fue acusada en reiteradas oportunidades de incumplir el contrato de concesión y las obras proyectadas; la mayor parte de los efluentes siguen vertiéndose en el Río de la Plata sin tratar.

Al revisarse durante el mandato de Néstor Kirchner los contratos de concesión de servicios públicos, Aguas Argentinas fue protagonista de varias disputas con el Poder Ejecutivo, principalmente sobre asuntos tarifarios, SUEZ anticipó a fines de 2005 su retiro de la empresa aduciendo falta de rentabilidad, hecho que finalmente no se hizo efectivo.

El 21 de marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner anuló por decreto la concesión que ligaba al Estado y Aguas Argentinas. Se creó para reemplazarla una nueva empresa estatal, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), por medio de un decreto de necesidad y urgencia luego refrendado por el Congreso Nacional. La empresa quedó bajo control operativo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, reteniendo los trabajadores el 10% de los activos que les corresponden según el Programa de Propiedad Participada implementado al privatizarse Obras Sanitarias de la Nación.

5. YPF

Historia
La historia de la conformación de Repsol YPF podría empezar por las manos del General Suárez Mason. Su influencia en el directorio de la empresa fue muy importante en los años de la dictadura. Se conformó un consorcio llamado La Patria Contratista con el que, durante la dictadura y también durante el Alfonsinismo, los corruptos hacían grandes negocios con los sobreprecios en las licitaciones de la empresa estatal.

YPF fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda de YPF ascendía a 372 millones de dólares. En 7 años de dictadura se elevaba a 6.000 millones. En esos años se multiplicó por 16. Durante el gobierno de Alfonsín se fue generando el “consenso de la privatización”, los lobbystas de las grandes petroleras y sus periodistas contratados decían “YPF es la única empresa petrolera del mundo que da pérdidas”. Esta situación se repite en los países vecinos. Se hunde intencionalmente la empresa para forzar su venta y reflotarla “milagrosamente” en pocos meses.
En este caso los directores que tuvo la empresa no sólo fueron corruptos militares, muchos provenían de otras petroleras o contratistas que trabajaban temporalmente en YPF y volvían a su empresa inicial.

La privatización de YPF comenzó junto con el proceso de reformas que el gobierno de Carlos Menem llevo adelante durante su gestión de 10 años entre 1989 y 1999. Se realizó primero a través de la reestructuración de YPF y luego se completó con su total privatización.

El nuevo gobierno se propuso:
– Privatizar para desmonopolizar la actividad (YPF compraba todo el crudo producido y la Secretaría de Energía asignaba cupos a las refinadoras en la “mesa de crudos”).
– Desregular el mercado para fomentar la competencia.
– Poner fin a los contratos convirtiéndolos en Concesiones y Asociaciones.
– Asegurar la libre disponibilidad del crudo (poniendo fin a la “mesa de crudos” y al sistema de administración centralizada)

Para ejecutar las políticas el Estado desarrolló diversos instrumentos legales, algunos de tipo genérico y otros específicos para el sector petrolero. En el primer grupo se encuentran:
– Leyes de Reforma del Estado N° 23.696 del 18/8/89; N° 23.697 del 1/9/89; N° 23.928 del 27/3/391.
– Decretos Ley N° 1.224/89; N° 1.225/89; N° 1.757/90 y N° 2.408/91.

Mediante estos instrumentos se propició la privatización de las empresas públicas, se modificó la política de precios de los hidrocarburos, se suspendieron los subsidios compensatorios, se afectó el pago de regalías, se dio igual trato al capital extranjero que al nacional, se cambio la jurisdicción de la Secretaría de Energía, se profundizó el programa de privatizaciones petroleras, se autorizó la capitalización de la deuda externa como mecanismo para las mismas y se creó la convertibilidad monetaria.

En el segundo caso, las normas específicas fueron instrumentadas mediante decretos y resoluciones y cumplieron un gran espectro de medidas entre las cuales se encuentran:
– YPF devolvió áreas de exploración para su posterior licitación al sector privado.
– Se convirtieron en asociaciones y en concesiones los anteriores contratos entre empresas contratistas de YPF y esta última.
– Se licitan áreas marginales y centrales de YPF.
– Se asocian empresas privadas con YPF en las áreas centrales.
– Se establece la libre disponibilidad del crudo para todos los operadores.
– Se autoriza a exportar e importar.
– Se elimina la “mesa de crudos” por la libre adquisición de los mismos en el mercado interno y externo.
– Se desreguló la instalación de refinerías y bocas de expendio y se liberaron los precios de todos los productos derivados.
– Se amplía el mercado libre: Se instruye a YPF para que renegocie los contratos de explotación de petróleo con el fin de reconvertirlos al sistema de concesiones o asociación con YPF, estableciendo la libre disponibilidad de petróleo crudo producido por estos nuevos concesionarios.
– Plazo para la asignación de crudos: Establece a partir del 31/12/90 (o, como cláusula gatillo, cuando se produzcan 8.000.0000 de m3 de libre disponibilidad), la eliminación de la asignación de cuotas de crudo por parte de la Secretaría de Energía.
– Libre importación y exportación de petróleo crudo y productos derivados: Se elimina el requisito de autorización previa y se establece que la importación de crudo y derivados quedará sujeta a la política arancelaria general.
– Libertad de precios: Establece que a partir del 1/1/91, los precios del petróleo se pactarán libremente. Asimismo, “quedarán liberados los precios de todos los derivados del petróleo, en todas sus etapas”.
– Libre instalación de refinerías: “La instalación de capacidad adicional de refinación será libre, sin otro requisito que el cumplimiento de las normas de seguridad y técnicas”.
– Libre instalación y titularidad de bocas de expendio a partir del 1/1/91.
– Se modificaron los impuestos a los combustibles, estableciendo un importe de suma fija para cada tipo de derivado del petróleo.
– Se transformó la forma jurídica de YPF convirtiéndola de sociedad del estado en sociedad anónima. Asimismo, se aprobó un importante plan de transformación empresaria y modificación de los estatutos de la sociedad.
– Se reglamentó el transporte de hidrocarburos (marco regulatorio de oleoductos y poliductos) estableciéndose que “el transporte de hidrocarburos líquidos será efectuado como servicio público, asegurando el acceso abierto y libre, sin discriminación, por la misma tarifa en igualdad de circunstancias” tendiendo a nivelar las tarifas de transporte por ductos con los valores internacionales.

El programa de desregulación del mercado petrolero tuvo como primer objetivo introducir ciertas formas de mercado a un sector en el cual la actividad pública eliminó todas las características técnicas de un mercado siquiera medianamente competitivo.

Ley 24.145
Las medidas encaradas a través del Decreto 2.778/90 de transformación de YPF fueron ratificadas por la ley 24.145, del 6 de noviembre de 1992, que fundamentalmente determinó la privatización de YPF y la federalización de los hidrocarburos. Esta ley otorga a las provincias el dominio de los yacimientos en cuyos territorios se encuentren, la concesión a YPF de ciertos oleoductos y poliductos, la transformación empresaria y el mecanismo de venta de las acciones, así como el destino de los fondos de dicha venta.

La venta de YPF
Cabe mencionar con ejemplos la dinámica que se consolidó en los últimos años de YPF. Por ejemplo, Merryl Linch – encargada de la tasación de YPF- redujo deliberadamente en su estimación de reservas petroleras exportables por YPF en un 30% con el objetivo de subestimar el valor antes de su venta.

El proceso de venta de YPF S.A. tuvo varias etapas hasta llegar a la actual propiedad por parte de Repsol. En julio de 1993 se produjo la venta del 43,5% del paquete accionario de YPF S.A. por lo que el Estado Nacional obtuvo 3.040 millones de dólares en efectivo y 1.271 millones en títulos de la deuda pública. Sin embargo en esta operación el Estado a su vez asumió una deuda de la empresa por aproximadamente 1.800 millones de dólares.

La composición accionaria en esta primera venta se hallaba repartida del modo siguiente:
Estado Nacional 20% + acción de “oro”
Estados provinciales 12%
Personal de YPF S.A. 10%
Sistema Previsional 12%
Sector privado 46%

Entre 1993 y 1998 la estructura de la tenencia se fue transformando debido a que los jubilados, el personal de la empresa y las provincias fueron vendiendo sus participaciones motivados tanto por los mejores precios de las acciones en el mercado como por las necesidades de liquidez.

Estas necesidades se originaron habida cuenta del contexto recesivo de la economía y las dificultades de hallar empleo con posterioridad al segundo semestre de 1994, cuando los ingresos por privatizaciones comenzaron a mermar y los efectos del Plan de Convertibilidad sobre el nivel de actividad empezó a ser visible.

Por otra parte entre mediados de 1994 y abril de 1995 YPF adquirió el 88,50% del capital de la petrolera Maxus y a principios de junio de 1995 completó la adquisición del capital remanente. Con esto YPF quedó muy endeudada, pero en disposición estratégica en casi todos los países de la región (Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela) convirtiéndose en una petrolera multinacional dado que Maxus poseía también intereses en Asia.

De este modo hacia 1998 la estructura de tenencia era la siguiente:
Estado Nacional 20% + acción de “oro”
Estados provinciales 4,70%
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 74,90%

Respecto de la composición de la tenencia por parte del sector privado se ha estimado que los fondos extranjeros disponían del 63,1% y los actores privados argentinos participaban con el 11,8%. A su vez dentro del primer grupo los actores dominantes eran los fondos de inversión de los EEUU, seguidos por otros actores institucionales del Reino Unido y Francia. Dentro del grupo de tenedores locales, el único operador petrolero era Pérez Companc con el 3,8% de las acciones.

La venta de YPF a Repsol
La venta de YPF S.A. a Repsol se da en dos etapas. En la primera, el Estado Nacional vende a Repsol el 14,99% de las acciones (correspondiente a su parte del 20%) por una cifra de alrededor 2.011 millones de dólares. De este modo la composición accionaria queda como se describe a continuación:
Estado Nacional 5% + acción de “oro”
Estados provinciales 4,70%
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 74,90%
Repsol 14,99%

Repsol ofrece comprar todas las acciones. El estado nacional le da prioridad y se establece que si aparecieran terceros oferentes estos deberían pagar un 25% más que el precio de compra establecido por Repsol.

Entre mediados y fines de 1999 Repsol compra el 83,24% de acciones de YPF S.A. por 13.158 millones de dólares a un precio de 44 dólares por acción. La estructura de tenencia queda establecida del siguiente modo:
Estado Nacional acción de “oro”
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 1,37%
Repsol 98,23%

En virtud de la acción de oro se requiere el voto afirmativo del Estado argentino para realizar: fusiones, adquisición de más del 50% de las acciones de la sociedad en caso de copamiento accionario consentido u hostil, transferencia total de los derechos de exploración y explotación (con aprobación del Congreso Nacional), disolución voluntaria de la sociedad (con aprobación del Congreso Nacional) o cambio del domicilio social y/o fiscal fuera de la República Argentina.

Sobre la base de los elementos presentados respecto de las modalidades empleadas para la privatización de la petrolera Argentina, parece claro que la reestructuración previa de YPF, a través del desglose de activos, permitió transformar la empresa estatal de modo tal de optimizar el valor presente de las inversiones.
La reestructuración no logró crear las bases de un mercado competitivo, a pesar de que el índice de concentración de los activos obviamente disminuyó, en tanto se pasó de un esquema prácticamente monopólico a un sistema más fragmentado de tipo oligopólico con liderazgo de precios por parte del actor dominante.

Para la sociedad Repsol – YPF implicó un cambio cualitativo de gran envergadura dado que el total de sus ingresos operativos se incremento en un 39%, el resultado operativo se incremento un 58% y el activo un 142%. La privatización de YPF lejos de haber fomentado una estructura más abierta, transparente, equitativa y competitiva fortaleció el poder de concentración de grupos extranjeros y la inestabilidad financiera de un modo estructural. Desde le punto de vista del valor obtenido por el Estado por la enajenación de los activos la venta se realizó a precios inferiores a los de mercado.

Por otra parte, esa sociedad no realizó la inversión necesaria para los primeros segmentos del proceso productivo del sector hidrocarburos que son la exploración y producción (que incluye perforación), esta parte del negocio es la más riesgosa y costosa y la inversión debe ser permanente, ya que se debe mantener la actividad, que no siempre es segura. El negocio de Repsol fue comprar una empresa que hizo la inversión para explorar y perforar y disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados.

La idea empresaria es aprovechar el potencial de YPF, o sea las reservas comprobadas, sin invertir y exportar todo lo que se pueda de esa producción.

Esto genera un problema para la Argentina ya que nuestras reservas comprobadas de hidrocarburos de oscilan entre 9 y 15 años, según la fuente, y la exportación de crudo es cada vez mayor, así se corre el riesgo de pasar de ser un país productor que se autoabastece a ser un importador que deberá encarecer todos los costos de producción determinando un futuro difícil para la industria nacional.

6. CONCLUSIONES

Como aspectos positivos de las privatizaciones podemos mencionar:

– La incorporación de tecnologías de gestión modernas, incremento de la eficiencia empresaria y calidad de los servicios y de los bienes ofrecidos a la comunidad. Ello por cuanto el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado asegura el mejoramiento del sistema.

– A favor de las privatizaciones se señalan los efectos sobre el abaratamiento de los costos empresarios y sobre la propia competitividad de la economía. En efecto, a corto plazo los ingresos de capitales derivados de los recursos que percibió el Estado en efectivo por la transferencia de sus empresas ejercieron un impacto positivo en la balanza de pagos.

– El proceso de desestatización de las empresas públicas dio lugar a otro efecto sobre la balanza de pagos. Se trata de la creciente remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas a los socios nacionales de tales consorcios.

– Otro efecto positivo de las privatizaciones sobre la balanza de pagos es aquel que surge de la supresión de los servicios correspondientes a los títulos de la deuda externa, los que fueron capitalizados como parte de pago por la propiedad o concesión de las empresas transferidas al sector privado Esa disminución de la deuda externa fue compensada por el nuevo endeudamiento concretado por los grupos empresarios adjudicatarios de las empresas privatizadas.

Las características generales del programa de privatizaciones en la Argentina son:

– Falta o no aplicación de una normativa tendiente a asegurar una adecuada competencia. Había una total descoordinación entre las debilidades normativas vinculadas con la regulación de la propiedad de las empresas privatizadas y la legislación vigente de Defensa de la Competencia.

– Aplicación de profundos incrementos y reestructuraciones tarifarias con anterioridad a la transferencia de las empresas al capital privado.

– Dolarización de las tarifas.

– Aplicación de mecanismos de actualización tarifaria que, por su naturaleza, contradicen las prohibiciones que en materia de ajustes o indexaciones de precios establecía la Ley de Convertibilidad.

– Sólo los sectores de energía eléctrica y gas natural fueron privatizados con posterioridad a la sanción de leyes marco. El resto de las privatizaciones se realizaron por decretos y resoluciones.

– Renegociación de los compromisos contractuales originales a favor de los intereses de las empresas prestatarias. En todos los casos se llamó a licitación pública, aparentemente un proceso transparente, se adjudica el servicio a la mejor oferta y al poco tiempo de haberse producido su transferencia, comienzan a modificar las cláusulas contractuales en favor de las empresas.

– Retraso en el cumplimiento de las inversiones fue un denominador común al conjunto de empresas privatizadas. Las inversiones comprometidas contractualmente fueron mínimas o, en realidad, las imprescindibles como para recomponer la propia prestación de los respectivos servicios, una gran parte de ellas fueron incumplidas y/o financiadas a través de incrementos tarifarios. Cabe mencionar que no se le han exigido inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.

– Entre los requisitos para poder participar en los concursos y licitaciones se contemplaban montos patrimoniales de los potenciales interesados, lo que constituyó una barrera para el ingreso al mercado de las privatizaciones; y favoreció la consolidación de un creciente poder de negociación en manos de un núcleo acotado de conglomerados, con el consiguiente debilitamiento del papel regulador del Estado. Además esto produjo la profundización del proceso de concentración económica y centralización del capital.

– La formulación de marcos regulatorios y la constitución de los respectivos entes reguladores con posterioridad a la transferencia de las empresas públicas al sector privado. Estos organismos debieron hacerse antes de la transferencia de las empresas estatales de servicios públicos, a fin de, entre otros aspectos, monitorear y dirigir los procesos de privatización, y participar del diseño de los respectivos marcos regulatorios.

– La frecuente reformulación de normas establecidas con anterioridad a las licitaciones, en detrimento de la credibilidad pública del sistema regulatorio, la vulneración de los derechos adquiridos por parte de los usuarios y consumidores e, incluso, la afectación de las propias áreas fiscales.

– La escasa o casi nula protección de los usuarios y consumidores frente al ejercicio de las prácticas oligopólicas por parte de los consorcios adjudicatarios.

Así, la dinámica asumida por el proceso privatizador no sólo dio lugar a la profundización del proceso de concentración de la producción y del ingreso en la Argentina, sino también al fortalecimiento estructural de un conjunto reducido de grandes conglomerados empresarios (centralización del capital), la mayoría de ellos consolidados al calor de las políticas instrumentadas desde 1976 en adelante.

Por otra parte, cabe mencionar como otro de los efectos de las privatizaciones el aumento de la desocupación y la reducción de salarios. Es muy difícil establecer una correlación estadística precisa entre privatizaciones y desempleo. Hay toda una serie de factores que dificulta el análisis como que:
– Las mismas se dieron dentro de un marco de globalización y monopolización general de la economía, con reestructuraciones muy importantes dentro de las propias empresas privadas que expulsaron grandes cantidades de mano de obra y como consecuencia, también, de incorporación de tecnologías que requieren menos mano de obra por un lado y, por el otro lado, mano de obra de otro tipo, con otras calificaciones y con otras especializaciones.
– En varios casos, presiones políticas y sociales concurrieron a que la reestructuración laboral en las empresas privadas se hiciera gradualmente, por lo que la desocupación generada no se produjo inmediatamente después de la privatización.
– En otros casos, la reestructuración de las empresas estatales se hizo antes de privatizarlas, con lo que el Estado asumió el costo social y político de los despidos.
– Hay casos, además, en dónde los despidos no significaron – al menos no necesariamente y en todos los casos – un aumento directamente correlativo de la desocupación. En nuestro país se ha citado con frecuencia, por ejemplo, el caso de YPF y se nos dice que, antes de la privatización, tenía 50.000 empleados mientras que, después de entregarla a manos privadas, bastaron algo así como tan sólo 5.000 personas para hacerla funcionar con eficiencia. Pero, la verdad es que estas cifras son muy engañosas. Una parte del personal expulsado de la YPF estatal fue luego vuelta a contratar en forma privada, de modo que hoy estas personas siguen trabajando para la empresa, bien que bajo la figura legal de trabajadores autónomos y no como empleados en relación de dependencia. Otra parte del personal despedido constituyó empresas de servicios que hoy trabajan para YPF como contratistas externas, de modo tal que hoy se hace fuera de la empresa lo mismo que antes se hacía dentro de ella. Sea como fuere, el mito de que YPF tenía 45.000 empleados de más es sólo una ilusión y en muchas empresas privatizadas se han dado casos similares.
– En algunos casos, las empresas privatizadas no sólo no generaron despidos sino que crecieron y crearon puestos de trabajo. Pero este crecimiento se produjo a costa de la desaparición de otras empresas que resultaron barridas del mercado al no poder mantenerse en competencia con las megacorporaciones internacionales.

Con todo, aún teniendo en cuenta lo arriba expuesto, hay datos que indican una correlación negativa entre privatizaciones y empleo. En la Argentina, se calcula en aproximadamente 200.000 los puestos de trabajo perdidos a causa de las privatizaciones

Asimismo, en contraposición con el argumento a favor de las privatizaciones respecto de que las mismas permitirían reducir la deuda externa, hoy en día resulta evidente que el endeudamiento de los países menos desarrollados ha subido en lugar de bajar. En 1989 la deuda externa argentina era del orden de los u$s 62.000 millones y diez años después se había casi triplicado para ubicarse en el orden de los u$s 180.000 millones, queda muy seriamente puesta en tela de juicio la real utilidad que tuvieron las privatizaciones en la reducción de esa deuda.

De todos modos, incluso pudiendo señalar porcentajes variables de cancelación de deuda, lo evidente e innegable es que -contrariamente a lo que se prometió en un principio- las privatizaciones no han contribuido de manera significativa a la disminución del endeudamiento externo de los países.

Las altas tarifas que posibilitaron las ganancias extraordinarias recayeron en mayor medida sobre los hogares y las empresas chicas que sobre las grandes. Esto ocasionó una reducción en los ingresos reales de los sectores de menores ingresos y las PyMES.

La estructura de las tarifas se traduce, en consecuencia, en un impacto fuertemente diferencial de ingreso per cápita familiar, reduciendo notoriamente la capacidad de acceso a los servicios de los sectores más pobres.

En suma, las privatizaciones fueron centrales en la consolidación de ciertos rasgos característicos de la economía argentina de los últimos veinticinco años

– Concentración económica y centralización del capital.
– Distribución regresiva del ingreso.
– Crisis laboral.

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5. Decreto 1185/90 Creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y sus modificaciones.
6. Decreto 2332/90 Transferencia de la ex ENTel a las nuevas LSB.
7. Decreto 2585/91 Acuerdo entre PE y LSB sobre modificaciones tarifarias.
8. Decreto 92/97 Rebalanceo Tarifario.
9. Decreto 933/98 Reglamento del Servicio de PCS.
10. Decreto 264/98 Plan de Liberalización de las telecomunicaciones.
11. Ley 24.065 Privatización S.E.G.B.A.
12. Ley 2.837 Privatización de los Ferrocarriles.
13. Decreto 999/92 Concesión de Aguas Argentinas.

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