El informe titulado «Geology of the Region around the Falkland Islands». Solución de arrendamiento como la opción más viable y mutuamente conveniente
De inmediato, varias empresas petroleras se interesaron en la zona y, según manifestaciones del Secretario Principal del Territorio de Gran Bretaña, se estaban esperando los resultados de un informe que había sido encargado a un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham (28). El informe titulado «Geology of the Region around the Falkland Islands» fue preparado por Departamento de Ciencias Geológicas de esa universidad y sus autores fueron P.F. Barker, J. Burrel, P. Simpson y D.H. Griffiths y presentado en marzo de 1975 (29). Según el informe existían ciertas posibilidades de encontrar petróleo en las Islas y en el mar adyacente.
El 19 de marzo de 1975, la Cancillería argentina emitió un Comunicado de Prensa en respuesta de la intenciones británicas. Según este texto, la Argentina no reconocía el ejercicio de ningún derecho en materia de exploración o explotación de recursos naturales:
Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del territorio nacional, el Gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero. Por consiguiente tampoco reconoce ni reconocerá y considerará insanablemente nulos cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el gobierno argentino estima de la mayor gravedad e importancia.
El gobierno argentino considerará, además, la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo claro objetivo es la solución de la disputa de soberanía entre los países por la vía pacífica de las negociaciones bilaterales (30).
Como respuesta al amenazante comunicado argentino, en el mes de abril, el recién designado embajador del Reino Unido en la Argentina informó, en su primer encuentro con el Canciller Vignes, que ante cualquier ataque a las Islas el Gobierno británico respondería con la fuerza militar (31).
A pesar de la oposición argentina, el gobierno inglés mantuvo sus propósitos y el 16 de octubre confirmó el envío a las islas de un misión económica encabezada por Lord Shackleton (32). Ante este anuncio, el 22 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no se concedía permiso oficial a la misión Shackleton (33). Ya el 16 de octubre, había hecho saber que el envío de la misión de relevamiento económico introduciría una desagradable perturbación en las relaciones anglo-argentinas y que su presencia pondría en peligro la solución pacífica de la disputa (34). Esta reacción echó por tierra las expectativas del Foreign Office de que el envío de una misión patrocinada por el Gobierno, en lugar de una empresa privada, calmaría al gobierno argentino (35).
no habrá cambios en la soberanía británica sobre las Islas Falkland en contra de los deseos de los isleños. Pero el gobierno de Su Majestad estima…que se atenderá mejor a los intereses a largo plazo de los isleños mediante vínculos estrechos y amistosos con la Argentina (51
Mientras ambos gobiernos trataban de mantener la situación de tensión bajo control, algunos sectores en la Argentina solicitaban una acción más enérgica. En efecto, el mismo día, el líder de la bancada de la oposición, Antonio Trócoli (UCR), hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por éste trámite, quiso saber qué otras medidas se habían considerado además del retiro de los embajadores y si ello era todo lo que el país podía hacer para castigar a Gran Bretaña (52).
Los organismos regionales se expidieron en apoyo de la Argentina. La Organización de los Estados Americanos sostuvo que la exploración del potencial económico de las Islas constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. También el 16 de enero, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA declaró en Río de Janeiro que la Argentina tenía un inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas. Calificó a la misión Shackleton como una «innovación unilateral» que violaba las Resoluciones de las Naciones Unidas 2.065 (XX) y 3.160 (XXVIII) y que amenazaba la paz internacional y la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones implicaban un esfuerzo hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar el progreso de las negociaciones solicitadas por la Asamblea General (55).
El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni (56) se dispuso a detener al buque de investigación oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Stanley. Desde el destructor se ordenó: «Detenga las máquinas o abriré fuego». El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas (57
El 28 y 29 de abril de 1980, se llevaron a cabo en Nueva York la primera ronda de conversaciones. La delegación británica, encabezada por Ridley, incluía un miembro del Consejo Legislativo de las Malvinas. El encuentro fue exploratorio, pero se alcanzó cierto grado de acuerdo. A pesar de las diferencias de opinión respecto del tema de la soberanía ello no debería entorpecer a las otras discusiones sobre cooperación en la conservación de recursos en el Atlántico Sur (54).
Durante el verano de 1979/80 había tomado fuerza dentro del Foreign Office la idea de proponer una solución de arrendamiento como la opción más viable y mutuamente conveniente (55). A través de este mecanismo, la Argentina obtendría la soberanía formal mientras que la administración de las Islas quedaría a cargo de Gran Bretaña por un tiempo limitado a ser negociado (56).
En junio de 1980, el ministro argentino Martínez de Hoz expresó en Londres que sería conveniente para ambos países que elaboraran planes conjuntos para la extracción de petróleo y que compartieran los derechos pesqueros en el área de Malvinas al mismo tiempo que discutían sobre la soberanía. Al respecto afirmó
Ni siquiera puede pensarse en la posibilidad de entregar a [los isleños] a la Argentina en contra de su voluntad. Esto es así no importa la clase de gobierno que tenga el poder en la Argentina, y es particularmente cierto en vista del sangriento historial del presente régimen militar (62).
los parlamentarios sostuvieron que encontraban una aparente contradicción entre las afirmaciones del ministro acerca de que el Gobierno no tenía dudas de la soberanía británica sobre las Islas por un lado, y por otro, su propuesta para hallar una solución a la disputa si los isleños aceptaban intercambiar la soberanía por un largo arrendamiento a Gran Bretaña.
Por lo tanto, la propuesta concreta británica que formuló consistió: congelar las negociaciones sobre soberanía por un cierto número de años, y que, en el transcurso de este tiempo, las Partes mantendrían sobre la soberanía sus respectivas posiciones. Para los negociadores británicos, esto facilitaría la creación de un clima de confianza entre el territorio continental argentino y las Islas, en tanto se desarrollarían proyectos conjuntos de desarrollo económico alrededor de las Islas (78).
Como era de esperar, el 6 de marzo se dio a conocer el rechazo argentino a la propuesta británica. La Cancillería argentina reafirmó su constante énfasis en el tema de soberanía emitiendo otro comunicado donde manifestaba que «la posición argentina con respecto a la demanda de restitución de soberanía, no sólo no se ha modificado, sino que rechaza en forma absoluta y sistemática cualquier propuesta que no acuerde este derecho en forma prioritaria»
Al término de la reunión se acordó continuar las negociaciones con la Argentina para ganar tiempo y persuadir al nuevo Consejo de las Islas que no las obstruya, que se preparara una campaña de educación pública y, al mismo tiempo, que se preparasen planes de contingencia civiles y militares (91).
En él se decidió que la Royal Navy, encargada de la defensa de las Malvinas, prescindiría de los portaaviones y que en sus funciones serían reemplazados por los más económicos destructores y fragatas
Ley de Nacionalidad Británica pratrocinada por el Home Office. Su objeto era clarificar el status de los ciudadanos coloniales británicos y, por razones raciales, evitar que aquellos emigraran a Gran Bretaña. El resultado en las Malvinas fue que aproximadamente 800 isleños no calificaban como Británicos según esa ley (98).
Por un lado, la decisión de británica de apegarse estrictamente a los deseos de los isleños y mantener la situación colonial y, por otro, daba la impresión de abandonar esos compromisos al debilitar a las fuerzas navales capaces de intervenir en el área y retirar la ciudadanía a quienes decía proteger.